Agua potable rural: Reducto del sentido de servicio social colectivo

No son pocos quienes aún retienen en la memoria la imagen de diputados y senadores en pleno aprobando una ley express para solucionar el error que los encargados electorales de la Democracia Cristiana cometieron en julio de 2001, previo a las elecciones parlamentarias de ese año. Por esos imponderables que ocurren en ocasiones, durante la inscripción de ocho de los nueve candidatos al Senado y 51 de los 56 a la Cámara Baja alguien olvidó incluir el mandato que los postulantes deben entregar para el trámite, lo cual derivó en el rechazo, por parte del Servicio Electoral, de tales candidaturas. Fue tal el impacto en el mundo político, que el presidente Ricardo Hormazábal se vio obligado a renunciar y el timonel de la UDI de la época, Pablo Longueira, se alzó como salvador de sus adversarios, asegurando los votos para, mediante una normativa especial, aplazar las elecciones en una semana y así dar tiempo para enmendar el rumbo.

Solo tres días tomó a la clase política armar el proyecto, enviarlo al Congreso, aprobarlo y publicarlo como ley. La DC y la Concertación podían respirar aliviadas. Y, según nos dijeron, nuestra democracia también.

Recordé tal diligente actuar con motivo de la tramitación del proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales, que la semana pasada inició su votación en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. Proyecto esencial para asegurar la figura de servicio público, no comercial, de los sistemas de agua potable y saneamiento en territorios no urbanos.

La iniciativa original ingresó al Senado en 2008 a instancias del gobierno de Michelle Bachelet. Este primer trámite constitucional fue breve, menos de un año, luego de lo cual pasó a la Cámara Baja.

Aunque logró avanzar bastante, en 2010 la administración de Sebastián Piñera intentó incorporar cambios que desperfilaban el sentido colectivo y no comercial del mensaje inicial. La oposición de las organizaciones y un sector de los diputados detuvo la tramitación. Y así, pasaron casi seis años hasta que la semana pasada se procedió a votar la indicación sustitutiva que en septiembre ingresó el nuevo gobierno, enrielando nuevamente la discusión hacia su sentido matriz.

Seis años de espera.

Seis años para abordar una iniciativa fundamental para miles de chilenos y chilenas que habitan en la ruralidad y que esperan se fortalezca una práctica común en un ámbito tan esencial como es el saneamiento y el suministro de agua.

Son las paradojas del sentido de urgencia y prioridades del sistema político. Del sistema político como un todo, más allá de las excepciones.

En el caso del impasse de la Democracia Cristiana en 2001 el acuerdo fue inmediato, asumiendo que la ley era crítica. En el de los servicios sanitarios rurales, simplemente no. Porque más allá de sus complejidades, lo que está claro es que no hay consenso en esta materia, que existe un choque de miradas sobre el sentido que se debe dar a un servicio básico esencial: entregarlo al mercado para ser regulado por criterios comerciales y de acceso sobre la base del poder adquisitivo, o apostar por el cooperativismo en la gestión y asumirlo como un derecho social más allá de la disponibilidad económica.

El fondo del debate es si se mantendrán las organizaciones de agua potable rural con el sistema vigente, reforzando y mejorando su actual forma de operación, o se entregará el servicio a las sanitarias comerciales, ahora que ciertos territorios se transformaron en buen negocio producto del crecimiento poblacional y la expansión inmobiliaria.

Es muy posible que para muchos, entregarlo al mercado sea la mejor opción. El mantra sobre la calidad, la eficiencia en el servicio e, incluso, la justicia en su prestación (nada es gratis y quien quiere algo tiene que esforzarse, es decir, pagar) va asociado a la competencia y el lucro individual. Y claro, en tal argumentación se olvidan convenientemente los problemas que ha generado tal visión en términos de maximalización de las utilidades a través de prácticas ilegales (colusión, financiamiento de la política) o sus deficiencias éticas (negar un servicio básico a quienes no pueden pagar, la privatización de lo que debiera ser público).

En Chile al momento del ingreso del proyecto existían 1.500 organizaciones de agua potable rural, abasteciendo a cerca de un millón y medio de personas. En Aysén, son 35 las agrupaciones de este tipo, para unos seis mil pobladores y pobladoras. Pero la discusión de hoy en el Congreso, como tantas otras, no solo les afecta a ellos. Permea el tipo de sociedad que vamos construyendo.

Y construir sociedad no es tarea solo de algunos. Es labor, si se me excusa la redundancia, de toda la sociedad.

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Acerca de psegura

Periodista de Coyhaique. Involucrado en el desarrollo sustentable de la Región de Aysén, en la Patagonia chilena. psegura@gmail.com (56-99) 9699780 skype: patricio.segura / twitter: patsegura
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Una respuesta a Agua potable rural: Reducto del sentido de servicio social colectivo

  1. Patricio dijo:

    Junto con saludarlo, le escribo porque me parece sumamente importante lo que usted plantea y cómo lo plantea. Es una verguenza la ya usual no-legislación de ciertas materias en nuestro país. Peor todavía que sea sobre un recurso vital como lo es el agua.
    Y si bien usted lo plantea desde la perspectiva de los derechos sociales fundamentales (vigentes en nuestro país a través de la norma de remisión del art. 5 inc. 2do de nuestra Constitución al PIDESC, eso no se debe olvidar), creo que no hay que obnubilar el discurso propio de estos derechos (sea desde un cariz político o jurídico) con la “realidad” de los Comités, ya sea en su funcionamiento como en su escasa normativa a día de hoy. Si bien no puedo hablar por la totalidad ni por un “porcentaje” de los Comités APR que existen en nuestro país -porque desconozco cómo funcionan, etc.-, sí puedo hablar del Comité APR que opera en mi localidad y que se distancia bastante del ideario colectivo y/o social que usted propone. Me explico. Como debe usted saber, al no existir normativa que regule su actividad (como lo hace el DFL MOP Nª 382/88 “Ley General de Servicios Sanitarios”), sobre todo en cuanto a los cobros y precios, estos tienen libertad en bastantes áreas de funcionamiento a diferencia de los grupos concesionados que sí se ven regulados (malamente por cierto, el agua no debería admitir, en tanto recurso que posibilita la vida humana, concesión ni entrega a la “libre” deliberación del mercado). Esto es bastante grave en cuanto al sistema de cobros, teniendo los APR libertad total para fijar precios de acuerdo a lo que se establezca en sus estatutos. Esto, en mi caso particular, se transforma en que el “precio” del m3 de agua potable sea de apróx. $1.800. O sea, más del doble del precio del nefasto mercado. Asimismo, las prácticas -atendida la libertad de funcionamiento, etc.- de los Comités (en realidad, de mi Comité… debería ocupar el verbo condicional “podrían”, pero siempre estoy hablando de mi caso) dejan bastante que desear. Incluso colindan con el abuso hacia sus propios socios como contra las personas que no son socios de dicho Comité (piense en un arrendatario de un predio rural). Más grave aún: pueden dar paso al mal funcionamiento y corrupción en el funcionamiento de los APR “ayudados” por los “departamentos técnicos de APR” de los servicios sanitarios concesionados. Creo que concordará conmigo en que la perenne ignorancia a la que se ha sometido a nuestro pueblo, a nosotros mismos, en materias legales sobre todo, permite la perversa posibilidad de abuso. Y esto lo digo por una situación muy particular: hace menos de un mes, nuestro Comité citó a asamblea luego de hacer un cobro extraordinario el día anterior (día de entrega de las respectivas boletas, o sea ex ante). En dicha asamblea, los directivos del Comité APR, junto a un funcionario de la dirección hidráulica (funcionario público) y a una contadora y a un funcionario del departamento de APR de Aguas del Altiplano (servicio sanitario concesionado), intentaron explicar dicho cobro extra. No me referiré al trato denigrante para con los socios y no socios. Pero sí al intento de desinformación y ocultamiento de que efectivamente a los Comités APR sí les rige el Título III sobre la calidad de los servicios (del DFL antes citado, arts. 33 al 48), las normas técnicas respectivas y el Reglamento de las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable (…), partícularmente en su Título III). Y esto es sumamente importante, ya que en nuestra localidad los antiguos dirigentes no querían responder por el lamentable servicio (arguyendo razones tan contrarias al mismo asambleísmo, tipo dirigentes estudiantiles radicalizados por su propio ego: “a usted no lo vi en la asamblea anterior”, ergo: no tiene derecho a participación), decretando cobros excesivos sin ni siquiera establecerlos mediante acuerdo de asamblea de socios, cobros que por lo demás no les competen a las personas de acuerdo a dichas normas, además de otros abusos a los derechos de las personas/usuarios en esta materia (muy particularmente en materia de corte de agua, atención, facturación y emisión de boletas para establecer fecha de pago y de cortes, etc.). En fin. No creo que sea necesario extenderme más allá sobre el particular. Básicamente lo que digo es que, si bien comparto que esta es una materia de urgente tratamiento, la visión prístina de los Comités APR debe ser moderada. Bien es sabido que en nombre de los derechos fundamentales se pueden terminar lesionando… los derechos fundamentales.
    Hoy en día es sumamente necesario una legislación completamente nueva y coherente con el PIDESC y los derechos fundamentales en materia de aguas; y no solamente para los APR, sino que para todos los “servicios sanitarios”. No es permisible el abuso en ninguna materia, menos en esta. Y ciertamente, no solo las concesiones abusan de las personas/usuarios.
    Finalmente usted o cualquiera podrá criticarme que extiendo una experiencia personal frente a una generalidad. Está en lo cierto. Solo me queda decirle que esto que usted pone en el tapete debiese ser replicado para que otros como yo podamos llegar a la discusión (me alegró haber encontrado esto en el Mostrador). Supongo que ahí radica la esperanza de una democracia deliberativa o de cualquier correcta democracia sustantiva, ya que los derechos fundamentales, ora liberales ora sociales, solo se vislumbran en situación. En cada situación, la suya, la mía y la de los demás.
    Saludos y felicitaciones.

    ps: Si me pregunta por que Comité hablo en particular: Comité APR, “La Ponderosa”, Villa Frontera, Arica.
    Sobre la fecha, si mal no recuerdo, fue el 14/11. De todas formas, no escribo esto con ánimo de denuncia, pero como cualquier cosa, si uno afirma algo, debe probarlo.

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