El Estado y la participación ciudadana (o cuando Leviatán se resiste a ceder poder)

Por casualidad, de esas que se dan en comunidades pequeñas como la nuestra, me topé un día con dos funcionarios públicos conversando sobre lo que entienden por participación ciudadana. Era este un diálogo pertinente, dado en un intermedio de la última sesión del Consejo Consultivo del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) que se conformó para incorporar la visión ciudadana tanto en la elaboración del instrumento como en su seguimiento.

En la interacción uno de ellos, con pasado de autoridad de la ex Concertación que ha navegado hábilmente por varios gobiernos de diverso signo, se quejaba por el error -a su entender- en que incurría la ciudadanía al reflexionar sobre su participación en la acción del Estado. “Está bien que se involucre, pero no puede pretender tomar las decisiones. Es como que antes de operar un cirujano realizara una consulta general vinculante, cuando es él quien debe decidir sobre la base de sus conocimientos médicos” fue la frase que usó para argumentar su punto. Por cierto que esta no es una reproducción literal, pero la idea de fondo fue aquella.

Es muy probable que muchos funcionarios públicos y autoridades de gobierno concuerden con tal noción. Quizás incluso algunos piensen que son ellos los exclusivos mandatados para tomar las decisiones que afectan al colectivo, en sus distintos ámbitos y dimensiones.

De ahí que existan tantas mesas y comisiones puramente consultivas y asesoras. Recurriendo a la contingencia, ejemplos encontramos en la Comisión Regional de Desarrollo Energético y en el propio Consejo Consultivo del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, cuya labor tiene en ocasiones más de intento político comunicacional que de efectiva incidencia ciudadana. O en la Comisión de Uso del Borde Costero de Aysén que, aunque vinculante para la afectación de nuevas áreas apropiadas para la acuicultura, al estar conformada por una mayoría gubernamental se convierte en instancia funcional a los dictados del gobierno nacional cuando los funcionarios, como ocurriera la semana pasada, se alinean con las directrices de Santiago.

En nuestra Constitución está cercenada la facultad de convocar a plebiscitos nacionales, que hoy solo operan cuando, en la práctica, hay una guerra desatada entre el Ejecutivo y el Legislativo por alguna reforma a la Carta Fundamental.   Y en el caso de los referéndum comunales, estos están acotados a la decisión sobre materias de “administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del plan comunal de desarrollo, a la modificación del plan regulador o a otras de interés para la comunidad local, siempre que sean propias de la esfera de competencia municipal” dice la normativa sobre municipios.

Es en este contexto que en todo momento surge la controversia sobre las bondades y defectos de la democracia representativa que impera en el país. Sus virtudes son defendidas por quienes están conformes con el sistema institucional, económico, social y político vigente, sus deficiencias por los que creen necesario modificarlo. Precisa reconocer, de todas formas, que la democracia chilena fue durante 25 años malamente representativa por culpa del modelo político y electoral (ejemplo de ello es que en el Congreso no aloja Chile) y aunque se hicieron cambios importantes en el último año, aún estará al debe en términos de permitir que nuevas fuerzas políticas ingresen al sistema cuando lo aprobado asegura solo financiamiento para las que cuentan con representación parlamentaria. Es decir, el grueso para la Nueva Mayoría y la Alianza.

Lo que de seguro no comprenden quienes defienden el sistema representativo a ultranza es que en una institucionalidad democrática la delegación de poder puede coexistir con las figuras de democracia participativa y directa, en diversos ámbitos. No tiene por qué ser todo representación ni todo plebiscito, muchas veces por un tema práctico, pero el objetivo de fondo es que sea el pueblo, la ciudadanía si se quiere, el que delegada o directamente participe en la toma de decisiones que le afectarán. Ir estableciendo niveles y espacios. Y no casi nunca, como ocurre actualmente.

Volvamos al ejemplo del funcionario público que se quejaba por el interés de las personas de participar en la toma de decisiones. Está medianamente claro que el médico no tiene por qué informar y hacer parte de su decisión a todas las personas que así lo requieran, pero sí es su obligación hacerlo con el paciente que será beneficiado o perjudicado por el procedimiento, y que –en este caso usando pertinentemente el concepto de Ena- presta su cuerpo. Y lo que dice el usuario debe ser vinculante. Lo contrario es tecnocracia con falta de legitimidad.

Porque las decisiones que adoptan los funcionarios del Estado y autoridades de gobierno le afectan, el grupo social destinatario de tal acción tiene el derecho a ser informado y a participar. No por un favor, no por paleteada ni filantropía, sino porque es la base de lo que entendemos por democracia. En el fondo, que la titularidad del poder reside en el conjunto de la sociedad.

Quien no lo comprenda, le recomiendo se inscriba desde ya en los cursos de educación cívica que esperamos próximamente se comiencen a implementar.

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Acerca de psegura

Periodista de Coyhaique. Involucrado en el desarrollo sustentable de la Región de Aysén, en la Patagonia chilena. psegura@gmail.com (56-99) 9699780 skype: patricio.segura / twitter: patsegura
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