Una de las principales exigencias que se ha alzado en el último tiempo en pos de democratizar el país y las regiones es la participación, que los ciudadanos y ciudadanas podamos influir en la toma de decisiones que adopta el Estado y sus órganos ejecutivos. Que la democracia representativa (eligiendo representantes) dé un paso adelante hacia la de tipo participativa (fomentando la organización social) y directa (plebiscitos y consultas vinculantes).
Múltiples formas existen hoy en estos ámbitos. Desde las estrategias regionales de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y desarrollo comunal (que no son imperativos sino más bien referenciales) hasta las movilizaciones públicas, todos forman parte de la misma discusión. Unos más institucionales, otros menos, pero todos de alguna forma intentando incidir en ese espacio donde se debate lo que nos afecta a todos y a todas.
Conocer la opinión de la ciudadanía sobre determinados proyectos que se proponen para un territorio no es una demanda que naciera hoy en Aysén. Estuvo en el corazón del movimiento Patagonia sin Represas (se logró reunir miles de firmas para que las comunas de Coyhaique, Cochrane y O’Higgins, con alcaldes pro hidroeléctricas, convocaran legalmente a plebiscitos comunales) y fue incluso el punto 4º del Movimiento Social “Aysén, tu problema es mi problema” de 2012: consulta vinculante por los mega proyectos. Pero estos son solo ejemplos, porque la demanda se arrastra desde hace mucho más atrás.